Baja cobertura de seguros contra sismos en viviendas de México

En México, la protección patrimonial ante desastres naturales sigue siendo una asignatura pendiente para la gran mayoría de la población. Datos recientes indican que, de los 35.2 millones de viviendas registradas en el país, apenas el 25.8% cuenta con algún tipo de seguro. De este universo asegurado, solamente el 33% posee una cobertura específica frente a fenómenos de la naturaleza como los sismos, lo que deja a millones de hogares en una situación de alta vulnerabilidad financiera ante un posible evento telúrico.

Esta brecha de protección preocupa a especialistas en gestión de riesgos, quienes señalan que la cultura de la prevención no ha logrado permear en el sector inmobiliario ni en los propietarios particulares. A menudo, la contratación de seguros se limita exclusivamente a las viviendas adquiridas mediante créditos hipotecarios bancarios, los cuales incluyen la póliza como un requisito indispensable para el otorgamiento del préstamo. Una vez liquidada la deuda, la mayoría de los propietarios decide no renovar el seguro, eliminando así su única red de protección frente a daños estructurales severos.

El costo de las primas y la falta de información sobre las coberturas son señalados como los principales factores que inhiben la contratación voluntaria. Muchas familias perciben el seguro como un gasto innecesario en lugar de una inversión preventiva, especialmente en regiones donde el riesgo sísmico no se percibe como una amenaza constante o inmediata. Esta percepción se traduce en una exposición directa al riesgo, donde la recuperación de un patrimonio familiar tras un siniestro depende casi totalmente de los recursos propios o de los apoyos gubernamentales de emergencia.

Ante este panorama, diversas cámaras del sector asegurador y especialistas financieros han hecho un llamado a las autoridades para fomentar incentivos fiscales o programas de educación financiera que promuevan la cultura de aseguramiento. La propuesta de crear esquemas de protección más accesibles, adaptados a la realidad económica de las familias mexicanas, se perfila como una necesidad urgente en la agenda pública para reducir el impacto económico que los desastres naturales generan en la sociedad.