Cuestionan la capacidad de gobierno ante la crisis de seguridad en Sinaloa

En el contexto de la crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa, la analista Yessica De Lamadrid ha puesto sobre la mesa un debate fundamental sobre la legitimidad y el ejercicio del poder en la entidad. La reflexión se centra en la aparente desconexión entre el mando efectivo, que diversos sectores sociales identifican fuera de las instituciones, y la gestión administrativa que debería encabezar el gobernador Rubén Rocha Moya.

El análisis sostiene que mandar y gobernar no son términos intercambiables en la realidad política sinaloense actual. Mientras que el mando implica la capacidad de imponer voluntades y controlar dinámicas territoriales, el concepto de gobernabilidad exige el cumplimiento del Estado de derecho, la prestación eficiente de servicios públicos y la protección garantizada de los ciudadanos por parte de las autoridades legalmente constituidas.

Voces locales han señalado en los últimos meses que la presencia de grupos ajenos a la estructura gubernamental ha dejado al descubierto las debilidades del aparato estatal. Esta situación plantea interrogantes sobre la eficacia de las estrategias implementadas por el gobierno estatal en coordinación con las fuerzas federales, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, cuya labor es mantener el orden constitucional en la región.

La crítica de De Lamadrid no es aislada, pues resuena con la preocupación de diversos colectivos que observan cómo la vida pública se ve condicionada por factores externos. La gobernabilidad, según esta perspectiva, requiere retomar el control absoluto de las funciones públicas, garantizando que el diseño de las políticas estatales responda exclusivamente a los intereses de la población y no a presiones externas que erosionan la confianza en las instituciones.

El debate se traslada ahora al Congreso local y a los espacios de opinión pública, donde se exige una rendición de cuentas más clara sobre los alcances del gobierno estatal. La interrogante sobre quién gobierna realmente en Sinaloa persiste como un recordatorio de que la estabilidad de un estado depende de la capacidad de sus gobernantes para ejercer la autoridad plena y recuperar la paz social en todo el territorio.